El senador Juan Pablo Letelier, coautor de la moción que hoy
se discute en la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la determinación de la Presidenta
Michelle Bachelet de dar urgencia a esta iniciativa demuestra su voluntad de
“cumplir a cabalidad su programa de gobierno”, en materia de terminar con la
impunidad y dar mayor justicia a las víctimas. Además, dijo que también debiera
contemplarse en el debate el terminar con la restricción de información que
poseen las comisiones Rettig y Valech, respecto de quienes cooperaron con
antecedentes respecto de los delitos de lesa humanidad que se cometieron
durante el régimen de Pinochet.
“Espero que se agregue a ese debate el cómo se revise la Ley
Valech, donde se establecieron criterios e informes de detenidos desaparecidos
y la restricción de información sobre lo que ahí está declarado. Tanto en el
informe Rettig como en el informe Valech, hay una prohibición legal de informar
de lo que se declaró allí, para que sea entregado a los jueces para que las
investigaciones permitan de una vez por todas que está herida que tenemos como
país se sabe”, enfatizó.
En los
últimos días, hemos sido testigos de una nueva arremetida de reducidos pero
influyentes grupos de poder, que en esta ocasión apuntan sus críticas a la
Reforma Laboral. Sostienen que su implementación acarrearía incertidumbre entre
el empresariado en un contexto mediado por la desaceleración económica y que,
por tanto, atentaría contra la estabilidad y el empleo.
Los
argumentos para retardar el momento de las reformas laborales son, básicamente,
siempre los mismos. En tiempos de bonanza, se afirma que no es necesario
cambiar. En tiempos de crisis, se sostiene que el cambio es un riesgo demasiado
alto.
Los
trabajadores de Chile necesitan y merecen una reforma que les otorgue las
garantías y certezas que por mucho tiempo han esperado y que, por distintas
razones, siempre han visto postergadas. Sus logros en el tiempo han costado
esfuerzos, sacrificios y vidas.
Han
pasado décadas, y si bien Chile ha experimentado cambios importantes en el
trato laboral, la deuda con los trabajadores sigue arrojando un saldo impago.
Si el
país quiere ponerse al día con sus trabajadores, es imperativo quebrar el
status quo que favorece a quienes controlan las empresas y administran el
funcionamiento de la sociedad de mercado, pero que –explícita o soterradamente-
perjudica a la enorme clase trabajadora.
La
opinión de los grupos de poder en la discusión de la reforma laboral,
anticipando un catálogo de efectos negativos tas vasto como irreal, pretende
instalar la idea de que si les afecta a ellos, nos afecta a todos, y que la
Reforma Laboral es la nueva gran amenaza para el país. El costo de mantener las
cosas tal y como están deben pagarlo, una vez más los trabajadores.
La
Reforma Laboral no tiene por propósito remover de modo violento las estructuras
sociales, ni poner en una situación de injusticia a los grandes empresarios.
Por el contrario, se trata de un ejercicio de nuestra vida democrática
encauzada a través de mecanismos institucionales y no por la presión de una
minoría alineada con la defensa de los intereses de los poderosos de siempre.
Es
comprensible que exista cierta inquietud ante los cambios. Las reformas tienen
por propósito modificar el orden de las cosas, y sin duda en este proceso habrá
quienes vean sus intereses particulares afectados.
Muy
distinto, y lamentable, es que se quiera generar la percepción de que la
Reforma Laboral atenta contra el empleo y la estabilidad económica y que pondrá
en entredicho el funcionamiento del país.
Chile
no puede seguir aceptando que algunos privilegiados tranquen la puerta con el
pie, para impedir la generación de una sociedad más inclusiva y democrática. La
voluntad política debe ser la expresión de lo que ha pedido el país. Hay un
solo momento para hacer las reformas que el país necesita. Hic et nunc. Aquí y
ahora.
El buen funcionamiento de la democracia
exige que la relación entre política y dinero sea absolutamente transparente.
Sólo así se asegura que las decisiones sean tomadas en función del bien común y
alejadas de las presiones de grupos de interés. En caso que esos vínculos
existan, los ciudadanos deben conocerlos para poder votar en forma informada y
controlar a sus representantes.
Así lo planteamos muchas veces, junto a
algunos entonces diputados, desde antes de la aprobación de la ley sobre
transparencia y gasto electoral y en cada una de sus modificaciones. Señalamos,
también, con insistencia que los límites a los desembolsos en campañas eran
excesivos. Producto de la falta de avances fui sistemáticamente un voto en
contra u abstención en muchas de estas disposiciones
Impulsamos, asimismo, innumerables
mociones para prohibir las donaciones de entidades sujetas a fiscalización o
control del Parlamento y los municipios, como inmobiliarias, casinos, empresas
de servicios básicos y seguridad social. La última y más completa de estas iniciativas,
presentada en mayo de 2012, reunió un conjunto de temas, entre los
que se destacan dos de los que ahora han resurgido con la aprobación de la
indicación de los diputados Jackson y Mirosevic, en el marco del fin del
binominal: la prohibición de donaciones de personas jurídicas y el fin de los
aportes reservados. (Ver presentación
explicativa de moción del senador Montes sobre transparencia electoral)
Estoy plenamente de acuerdo con lo
aprobado y respaldaré que se mantenga en el texto de la reforma. Las críticas u
objeciones que algunos han planteado, en el sentido que esto podría hacer que
proliferen prácticas menos transparentes, quedarían desechadas aprobando la
tercera de las ideas contenidas en el proyecto que patrocinamos, junto a otros
diputados, esto es, que quien incurra en anomalías graves de este tipo
derechamente pierda el cargo. Sin ambigüedades, sin dudas.
Otro tema, hasta ahora ausente de la
discusión y que promoveré, es la regulación de los denominados aportes
anónimos, que son tan secretos como los reservados. Si se consideran éstos la
situación de falta de transparencia de las cuentas de las candidaturas es en
muchos casos aún mayor. Nuestra propuesta es que, por su naturaleza, sólo estén
exentos de la intermediación del SERVEL, pero que deban ser siempre registrados
y sus aportantes conocidos.
La enorme desconfianza de los
ciudadanos hacia la política requiere hoy pasos decididos hacia la
transparencia y control con medidas claras y concretas, como que los aportes
provengan sólo de las personas naturales, que son las que toman opciones
políticas y que éstos, tanto anónimos como reservados, sean totalmente
públicos.
El principio básico es que se sepa el
origen de absolutamente todos los aportes que reciben los candidatos y el
destino de todos sus gastos, existiendo controles ciudadanos e institucionales
con sanciones severas a las malas prácticas, que lleguen incluso a la
destitución.
A ello debe agregarse la reducción del
costo de las campañas. Los límites de gasto siguen siendo excesivos y deben ser
revisados, pues condicionan en forma importante la elegibilidad de los
candidatos. No sólo el sistema binominal desequilibra la cancha.
En entrevista con CNN Chile, el senador del Partido Socialista Fulvio Rossi, abordó la votación del proyecto de administrador provisional que se lleva a cabo esta jornada en el Congreso. "Las modificaciones que hagamos son revisadas por la Cámara de Diputados en un tercer trámite", expresó.
Respecto al rol del Estado, aseguró que éste debe "garantizar la continuidad de estudio de los jóvenes, y por eso tiene que estar preparado para enfrentar esa tarea. Hoy tenemos un Estado que no está preparado". Junto con esto, destacó la necesidad de una herramienta que pueda intervenir un proyecto educativo que "engaña a los estudiantes, que tenga crisis de insolvencia, problemas administrativos o lucro", entre otros inconvenientes.
En este tema, el Mineduc también cumple un papel importante ya que debe establecer una fase de investigación "previa a tomar cualquier decisión", y posteriormente, se tomarán las medidas correspondientes para cada caso.
"Es una decisión compartida por el ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Con esto se elimina la arbitrariedad", añadió Rossi.
Además, durante la entrevista se refirió a la discusión sobre eutanasia y el AVP que se discute hoy en el Parlamento, entre otros temas.
Para el senador Fulvio Rossi resulta fundamental “desde lo simbólico terminar con la violación sistemática que sufren las minorías sexuales desde los distintos ámbitos como lo laboral y educacional”. Valoró que se haya profundizado en esta legislación, dejando atrás las formalidades contractuales. “El estatus jurídico que se establece permite dar una estabilidad emocional a estas personas y es muy parecido al del matrimonio en muchos aspectos y me alegro por ello”.
Luego de informar el proyecto despachado por la Comisión de Constitución, como presidente accidental de la instancia, el senador Alfonso De Urresti intervino nuevamente para dar su opinión personal y defender los preceptos y alcances de este proyecto de ley.
El acuerdo de vida en pareja (AVP) es un contrato cuyo objetivo es formalizar y regular los aspectos civiles y patrimoniales de las convivencias entre
parejas heterosexuales o el mismo sexo.
El parlamentario indicó que la iniciativa “acrecienta, en ámbito civil, los niveles de libertad e igualdad que
plantea nuestra constitución. Nadie será obligado a someterse a un acuerdo de
vida en pareja. Cada credo podrá seguir celebrando sus ceremonias religiosas de
acuerdo con sus convicciones”.
Durante su primera exposición, el legislador
explicó que el AVP es un contrato, distinto del matrimonio, que puede ser
celebrado por dos personas, de igual o diferente sexo, con el propósito de
regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de
carácter estable y permanente.
El texto legal establece que el
acuerdo se celebrará ante un oficial del Registro Civil, adquiriendo los
contrayentes el estado civil de pareja civil.
Por otro lado, se precisa que no
podrán celebrar este contrato entre sí los ascendientes y descendientes por
consanguinidad o afinidad.
De Urresti también destacó la incorporación de una serie
de normas destinadas a proteger los intereses de los menores de edad y las
relaciones de familia; además, se consideró la inscripción en nuestro país de
los APV celebrados en el extranjero.
En materia patrimonial, se
dispone que los convivientes civiles conserven la propiedad, goce y
administración de los bienes que adquieran a cualquier título, a menos que se
sometan de manera expresa e irrevocable,
a las reglas de la comunidad establecidas en el proyecto.
Asimismo, el congresista informó
que el proyecto fue perfeccionado en materia sucesoria, estableciendo que cada
conviviente civil será legitimario del otro y podrá ser desheredado si incurre
en alguna indignidad de las indicadas en artículo 1208 del Código Civil.
En relación con las causales de
término del APV, el proyecto precisa que esto ocurrirá en caso de muerte
natural o presunta, en caso de que la pareja civil contraiga matrimonio, o por
la voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, lo cual deberá
constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil
y, finalmente, por declaración judicial de la nulidad del acuerdo.
Por último, se establece que en
caso de término de contrato, por cualquier de las tres causales antes
mencionadas, el conviviente civil que haya postergado su desarrollo profesional
o laboral, como consecuencia de haberse dedicado a las laborales propias del
hogar común, tendrá derecho a ser compensado económicamente.
