El buen funcionamiento de la democracia
exige que la relación entre política y dinero sea absolutamente transparente.
Sólo así se asegura que las decisiones sean tomadas en función del bien común y
alejadas de las presiones de grupos de interés. En caso que esos vínculos
existan, los ciudadanos deben conocerlos para poder votar en forma informada y
controlar a sus representantes.
Así lo planteamos muchas veces, junto a
algunos entonces diputados, desde antes de la aprobación de la ley sobre
transparencia y gasto electoral y en cada una de sus modificaciones. Señalamos,
también, con insistencia que los límites a los desembolsos en campañas eran
excesivos. Producto de la falta de avances fui sistemáticamente un voto en
contra u abstención en muchas de estas disposiciones
Impulsamos, asimismo, innumerables
mociones para prohibir las donaciones de entidades sujetas a fiscalización o
control del Parlamento y los municipios, como inmobiliarias, casinos, empresas
de servicios básicos y seguridad social. La última y más completa de estas iniciativas,
presentada en mayo de 2012, reunió un conjunto de temas, entre los
que se destacan dos de los que ahora han resurgido con la aprobación de la
indicación de los diputados Jackson y Mirosevic, en el marco del fin del
binominal: la prohibición de donaciones de personas jurídicas y el fin de los
aportes reservados. (Ver presentación
explicativa de moción del senador Montes sobre transparencia electoral)
Estoy plenamente de acuerdo con lo
aprobado y respaldaré que se mantenga en el texto de la reforma. Las críticas u
objeciones que algunos han planteado, en el sentido que esto podría hacer que
proliferen prácticas menos transparentes, quedarían desechadas aprobando la
tercera de las ideas contenidas en el proyecto que patrocinamos, junto a otros
diputados, esto es, que quien incurra en anomalías graves de este tipo
derechamente pierda el cargo. Sin ambigüedades, sin dudas.
Otro tema, hasta ahora ausente de la
discusión y que promoveré, es la regulación de los denominados aportes
anónimos, que son tan secretos como los reservados. Si se consideran éstos la
situación de falta de transparencia de las cuentas de las candidaturas es en
muchos casos aún mayor. Nuestra propuesta es que, por su naturaleza, sólo estén
exentos de la intermediación del SERVEL, pero que deban ser siempre registrados
y sus aportantes conocidos.
La enorme desconfianza de los
ciudadanos hacia la política requiere hoy pasos decididos hacia la
transparencia y control con medidas claras y concretas, como que los aportes
provengan sólo de las personas naturales, que son las que toman opciones
políticas y que éstos, tanto anónimos como reservados, sean totalmente
públicos.
El principio básico es que se sepa el
origen de absolutamente todos los aportes que reciben los candidatos y el
destino de todos sus gastos, existiendo controles ciudadanos e institucionales
con sanciones severas a las malas prácticas, que lleguen incluso a la
destitución.
A ello debe agregarse la reducción del
costo de las campañas. Los límites de gasto siguen siendo excesivos y deben ser
revisados, pues condicionan en forma importante la elegibilidad de los
candidatos. No sólo el sistema binominal desequilibra la cancha.
Carlos Montes Cisternas
Senador de la República
Carta publicada en El Mercurio, 8 de septiembre de 2014.
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